El día 8 de Junio de 2008, sobre las 3 horas de la madrugada, una bomba que contenía unos cinco kilos de explosivo estallaba en la parte trasera de la rotativa del diario EL CORREO español, sito en la localidad vizcaína de Zamudio. Dentro de las instalaciones operaban cerca de 50 trabajadores. La autoría de la acción, según comunicó la propia organización armada, es de ETA (Comunicado de Agosto de 2008). La organización armada además destaca que, en este ataque en concreto, se realizó un aviso previo para dar cuenta de la explosión y que las fuerzas policiales no evacuaron las instalaciones del diario.
El día 30 de Octubre a las 11 horas de la mañana, un coche bomba deflagra en el parking de la universidad navarra del OPUS; 28 personas resultan heridas de levedad aunque los daños causados son muy cuantiosos y se baraja una cantidad de explosivo de 50 kilos. El informante de la explosión en nombre de ETA dice señalar el lugar exacto y la hora de la explosión. La policía, sin embargo, alega que no se indicó correctamente el lugar sino que se habló de un campus universitario, sin especificar cual.
El Atentado de Omagh se produjo el 15 de Agosto de 1998, cuando un coche-bomba explotó en el centro de la ciudad de Omagh. El atentado fue reivindicado por el IRA auténtico, una escisión del IRA provisional opuesta al proceso de paz iniciado en el Acuerdo de Viernes Santo. Murieron 29 personas (incluida una mujer embarazada de gemelos) y cerca de 220 fueron heridas.La gran pregunta es, en los tres supuestos, si los servicios policiales o de inteligencia conocían de antemano los atentados y pudieron evitar al menos los daños personales pero no lo hicieron, de propósito, para obtener una ventaja política derivada del Shock inicial y posterior repulsa que la acción causa en la opinión pública. No se trata en ningún caso de intentar imputar responsabilidades ajenas para ocultar las propias sino de averiguar si, en la negra y sucia “lucha antiterrorista”, los Estados involucrados tienen escrúpulos morales para utilizar a las víctimas, llegado el caso, si ello redunda en su lucha psicológica contra el insurgente armado.
En el caso español, una sentencia del Tribunal Supremo admitió sin género de duda alguna que en el denominado “Caso Hipercor” (Barcelona), en el que murieron 21 personas y 44 resultaron heridas la policía actuó tarde y mal. Se reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración toda vez que fue el “inexplicable” retraso de 35 minutos, tras la llamada del informante en nombre de ETA, por parte de la policía, el factor determinante de la masacre.Qui prodest es una expresión latina por la que se viene a incidir en el sujeto a quien presumiblemente favorece una acción como el autor probable de la misma. ¿A quién beneficia una acción violenta que causa muertes entre la población civil? Lleva el gobierno español mucho tiempo intentando romper a la izquierda abertzale y al denominado “frente de makos” del colectivo de presos políticos vascos (EPPK, por sus siglas en euskara). Y lo que no se ha conseguido mediante las ilegalizaciones, la dispersión carcelaria, la negativa a atender a los presos enfermos o a liberar a los que han cumplido sobradamente condena, con la indisimulada intención de que presionen a la dirección de la organización para que cese en el uso de la lucha armada, bien pudiera obtenerse ahora mediante una acción, tan cruenta e indiscriminada en sus resultados, que convulsionara hasta al propio colectivo indicado en la dirección señalada por el ministerio del interior. He ahí al primero y tal vez único beneficiado de una no actuación a tiempo.
En el “Caso Hipercor” y en el de Omagh, desde luego, la convulsión interna en las organizaciones armadas fue muy relevante y el nivel de legitimidad social y política de ambas sufrió un deterioro evidente. Sólo hay que observar la reacción política y popular ante los atentados del 11-M en los trenes de Madrid. El entonces ministro del interior español, Sr. Acebes, no dudó un instante en imputar la acción a la organización ETA cuando, a las pocas horas, a buen seguro conocía de primera mano que esa organización no había sido la autora del atentado. Fue tan palpable y osada la manipulación que, a los pocos días el electorado le pasó factura al gobierno del Partido Popular, cuando según todos los analistas y encuestas efectuadas llevaba una notable ventaja al PSOE. Está claro, pues, que la utilización política de un atentado tiene efectos indiscutibles en la acción de gobierno.
En Euskal Herria son de sobra conocidas también las acciones de “desconocidos” contra personal civil, que de entrada se imputan con dolo evidente a determinadas organizaciones armadas. Es el caso de carteras explosivas en las playas o juguetes de niños con material explosivo listo para estallar cuando sean manipulados ¿por niños? A los pocos días, nada más se sabe del asunto y queda archivado con los legajos judiciales. ¿Qui Prodest? Sin duda a quien quiere deslegitimar socialmente a aquellas organizaciones. Justamente lo mismo que pretende el gobierno español y los sectores políticos, españoles y autóctonos, que le acompañan en la lucha contrainsugente. Bien claro lo han repetido estos últimos meses. Pero lo que más nos preocupa es, cómo medios de comunicación, tanto españolistas como autóctonos también, siguen la estela marcada por el actual titular del ministerio del interior español que se sitúa entre un juego peligroso o terrorismo de estado. A buen entendedor...
EHK